León en Común

Acusamos a la Junta de desahuciar en lugar de poner solución a los desahucios.

León, 13 de septiembre de 2017

Una familia, con dos menores a su cargo, ha sido desahuciada de una vivienda propiedad de la Junta de Castilla y León destinada a vivienda social.

Recientemente, acusamos al PP de no tener política de vivienda en la ciudad de León y lo que ha pasado hoy nos lo demuestra. Una familia va a dormir esta noche en la calle porque la Junta de Castilla y León ha decidido desahuciarles de la casa en la que llevaban viviendo desde 2013.

Ya hemos recordado en anteriores ocasiones que, cuando Antonio Silván asumió la alcaldía, una de las primeras mociones presentadas por los grupos de la oposición reclamaba la creación de una bolsa de vivienda pública para poder hacer frente a casos en los que las familias, por la crisis y la falta de ingresos, no pueden acceder a una vivienda por los cauces oficiales.

Esta moción, auspiciada por la Plataforma Stop Desahucios, fue aprobada por unanimidad por todos los grupos políticos, incluido el PP que, aunque no se creyera en absoluto el contenido de lo que se pedía, sabía que en un tema tan sensible como la vivienda y las personas en situación de desahucio no podía posicionarse públicamente en contra. Por si esto no fuera poco, el equipo de gobierno votó favorablemente una moción que sabía que no les comprometía a nada porque, como nos dejó claro en una reunión celebrada para abordar este tema el Consejero de Fomento, Juan Carlos Suárez Quiñones, las competencias en materia de vivienda son exclusivas de la Junta.

A día de hoy, tenemos muy claro que la bolsa de vivienda pública que tanto hemos pedido nunca llegará a León, a pesar de todas las fotos y ruedas de prensa que se han hecho para que el señor Quiñones anunciase a bombo y platillo una supuesta bolsa a nivel autonómico.

Por culpa del desinterés de los diferentes Gobiernos manejados por el Partido Popular, nos encontramos con realidades tan dramáticas como la que se ha producido esta mañana en nuestra ciudad. Acusamos a las instituciones de incapacidad para solucionar situaciones de este tipo, primero porque es inconcebible que se deje a una familia en la calle, segundo, porque no tiene ningún sentido que quien ejecute el desahucio sea la Junta de Castilla y León, tercero, porque es delirante que estas personas hayan sido echadas de una vivienda que estaba destinada a uso social y, cuarto,  porque ofrecer una vivienda a más de 60 km. de León a una familia con menores escolarizados no puede ser la solución de ningún modo.

En un municipio como el nuestro donde hay más de 7000 viviendas nuevas vacías que, según los expertos, el mercado va a tardar más de 40 años en absorber, no podemos permitir que haya familias con menores sin un techo donde cobijarse. Recordemos que, tras el desplome del mercado inmobiliario, el Gobierno de España regaló más de 77.000 millones de euros de los fondos públicos para el rescate de la banca y, a la vez, muchas de las viviendas hipotecadas se han ido transfiriendo a la SAREV, el popularmente conocido como «banco malo», por supuesto también a costa de todas las personas contribuyentes.

Por tanto, solicitamos al equipo de gobierno que, de una vez por todas, afronte el problema de la falta de acceso a la vivienda de las personas en nuestra ciudad y que, de manera contundente, exija a la SAREV que aporte parte de esas viviendas en desuso a una bolsa de viviendas destinadas al alquiler social. Hoy, más que nunca, nos avergüenzan unas instituciones carentes por completo de alma y capaces de dejar a la gente en la calle.

 

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