León en Común

León en Común acusamos al equipo de gobierno de no querer remunicipalizar los servicios funerarios.

León, 24 de enero de 2019.

La moción presentada por este grupo en este sentido ha quedado postergada aduciendo que hace falta un informe jurídico para evaluar si es procedente.

A principios de este mes, desde el grupo León en Común presentamos una moción en la que pedíamos, entre otras cosas, que la Mancomunidad  de SERFUNLE iniciase todos los trámites necesarios para hacer efectiva la nulidad del acuerdo con Mémora. Además, también solicitábamos que se realizasen los informes pertinentes para conseguir que los servicios funerarios de los tres municipios que forman parte de esa Mancomunidad volviesen a ser gestionados de manera pública.

La moción, presentada también por las compañeras de IU San Andrés e IU Villaquilambre, venía motivada por la ratificación de la sentencia emitida por el Juzgado de lo Contencioso/Administrativo que confirmaba que el acuerdo por el que se adjudicó a Mémora el concurso de selección de un socio accionista para constituir una empresa mixta encargada de la gestión de los servicios funerarios de los municipios de León, San Andrés del Rabanedo y Villaquilambre fue «nulo de pleno derecho». Es decir, que nunca debió existir.

La resolución judicial lo deja claro. Este canon ha causado un enorme perjuicio económico tanto a los ayuntamientos involucrados como a las personas usuarias del servicio. Porque la realidad es que, por no tener unos servicios funerarios públicos en León, San Andrés y Villaquilambre, el precio medio de un sepelio es de unos 4.000€ mientras que la media nacional ronda los 3.500€. Este es el resultado de favorecer los intereses de una empresa privada que se ha dedicado a mercadear con algo tan doloroso como es la muerte de un ser querido.

Por todo esto, no entendemos que el Ayuntamiento de León ralentice un proceso que debe hacerse porque hay una sentencia contundente y clara al respecto. No comprendemos porque no piden el cese de un acuerdo que, hasta la fecha, nos ha costado 10 millones de euros más todo lo que hayan  tenido que abonar de más las familias obligadas a usar este servicio. Y sobre todo, no somos capaces de asimilar que el equipo de gobierno siga favoreciendo los intereses de una empresa privada aunque un juzgado haya dicho que queda demostrada la falta de “buena fé” en el proceso de contratación.

 

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